El Convenio de UNIDROIT de 1995 sobre los bienes culturales robados o exportados ilícitamente
– presentación –
¿Para qué un nuevo convenio?
En materia de reivindicación internacional de bienes culturales, el derecho común no aportaba soluciones satisfactorias, y los textos convencionales existentes no cubrían, o al menos no lo suficientemente, los aspectos de derecho privado concernientes a la protección de bienes culturales (era, en particular, la protección del adquirente de buena fe por parte de ciertos Estados, la que constituía el principal obstáculo para el reconocimiento internacional de las reglas en dicha materia). La UNESCO decidió entonces recurrir a UNIDROIT para elaborar un nuevo instrumento, que tomara como punto de partida la Convención de 1970, pero vista con la ventaja de 25 años de reflexión sobre el tráfico ilícito (tras el crecimiento de la amenaza en todos los países, los Estados habían desarrollado una mentalidad diferente y aumentado el deseo y la necesidad de cooperar en dicha materia).
La Convención de la UNESCO de 1970 y el Convenio de UNIDROIT de 1995
El Convenio de UNIDROIT refuerza las disposiciones de la Convención de la UNESCO de 1970 y las completa formulando reglas mínimas en materia de restitución y devolución de los bienes culturales. Garantiza, además, el respeto de las normas de derecho internacional privado y de procedimiento internacional, que permiten aplicar los principios inscriptos en la Convención de la UNESCO. Ambos convenios son por lo tanto compatibles y complementarios.
El Convenio de UNIDROIT de 1995
Desde el inicio de las negociaciones, se enfrentaron dos bloques más o menos homogéneos. Por un lado, los adeptos a la libre circulación internacional de bienes culturales y, por el otro, los partidarios de una protección nacional del patrimonio. Los primeros deseaban restringir lo máximo posible el campo de aplicación material del Convenio y preservar la protección de la que beneficia el adquirente de buena fe en sus países. Los otros deseaban, en cambio, extender al máximo el alcance del principio de la restitución de bienes culturales robados o exportados ilícitamente, y garantizar de dicha manera una óptima protección del patrimonio cultural nacional. Se necesitaron seis años para conciliar los puntos de vista más antagonistas y lograr este Convenio, que fue aprobado en Roma el 24 de junio de 1995 durante una Conferencia diplomática que contó con la participación de representantes de más de 70 Estados. El Convenio entró en vigencia el 1ero de julio de 1998.
Según las normas del código de deontología del ICOM, cuando un museo tiene conocimiento de la posible procedencia ilícita de un bien cultural, no puede postularse como adquirente. Si el bien en cuestión es adquirido de buena fe en el mercado de arte internacional por una persona o una institución, no existe hoy por hoy ninguna otra solución que comprarlo nuevamente para restituirlo al Estado de proveniencia. Ciertos países pueden afrontar los compromisos económicos que implican dichas transacciones pero muchos otros países no disponen de los medios necesarios para hacer frente a los gastos requeridos a fin de recuperar objetos invaluables que pertenecen a su patrimonio nacional. Con el Convenio de UNIDROIT, el individuo o la institución desposeída o el Estado de proveniencia podrá reivindicar el bien siguiendo diferentes procedimientos según el bien haya sido robado o exportado ilícitamente.
El verdadero objetivo del Convenio no es habilitar o generar una cierta cantidad de restituciones o devoluciones, que se dan evidentemente raras veces, por medio de decisiones judiciales o acuerdos amigables, sino reducir el tráfico ilícito generando una modificación progresiva, aunque profunda, en el comportamiento de los adquirentes y de todos los autores del mercado.
Cuando un bien cultural ha sido objeto de un robo, la restitución es sistemática. Se trata de una obligación incondicional, salvo que ella haya prescripto. La única pregunta que se plantea es saber si corresponde en dichos casos el pago de una indemnización.
Una de las disposiciones, tal vez la más importante del Convenio, es la que se enuncia en el párrafo 1 del artículo 3, según la cual el poseedor de un bien robado deberá en todos los casos restituirlo. No se trata de realizar una evaluación de orden moral entre ambas reglas: ni el propietario original ni el adquirente de buena fe deberían ser penalizados, pero tampoco es posible garantizar la plena protección de ambos. Se debe entonces optar por una solución práctica: ¿qué regla sería más factible de desalentar el tráfico ilícito de bienes culturales? Aquella que obligue al adquirente, so pena de tener que restituir el bien, a verificar que éste haya sido introducido de manera legal al mercado. Esta regla, asociada a la posibilidad de indemnizar al adquirente si éste demostrara haber actuado con la “diligencia debida” (párrafo 1 del artículo 4), constituye una de las medidas legales más importantes en materia de lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales. El efecto generado impactará directamente sobre el mercado de arte en el que subsiste una práctica generalizada de no revelar la proveniencia de los bienes culturales, y en el que los adquirentes no demuestran tampoco demasiada curiosidad por saberlo.
Es, de hecho, primordial llegar a uno de los eslabones esenciales de la cadena del tráfico internacional de bienes culturales replanteando el problema de la protección del adquirente de buena fe a la luz de los principios que rigen la protección del patrimonio cultural. Este Convenio permitirá, de contar con un amplio consenso, hacer recaer la responsabilidad en la única persona a quien es usualmente posible identificar: el adquirente final que actualmente se resguarda en la diversidad e incoherencia de los ordenamientos jurídicos para apropiarse de bienes robados o bienes cuyo origen es claramente dudoso. Este principio es justo en la medida en que las sumas en juego como así también la particularidad de los bienes en cuestión, no dejan dudas acerca de la experiencia del supuesto adquirente de buena fe. Además, la búsqueda de un método más eficaz pasa por el reconocimiento del siguiente principio: toda oferta está inexorablemente ligada a una demanda, y tal como ocurre con el tráfico de drogas, sólo se pueden esperar resultados eficaces, si se intenta combatir el tráfico ilegal en todos sus niveles.
Los países exportadores argumentan ciertamente que el propietario desposeído no siempre cuenta con los recursos económicos para indemnizar al adquirente de buena fe, y por lo tanto, corre el riesgo de no poder recuperar el bien. Pero el Convenio habla de indemnización “equitativa” y no de rembolso del precio pagado, y además, los criterios de la “diligencia debida” están formulados (párrafo 4 del artículo 4) de tal manera que les será siempre difícil a los poseedores probar que han actuado con tal diligencia y pretender consecuentemente el pago de una indemnización.
La restitución posterior a una exportación ilícita está, por su parte, sometida a una condición: deberá demostrarse que dicha exportación atenta de manera significativa contra intereses científicos o que el bien cultural reviste una “importancia cultural significativa”. Sólo el Estado de donde proviene ilícitamente el bien (el Convenio considera que un bien exportado de forma temporaria para una exposición y que no es devuelto en la forma estipulada por la autorización emitida, es un bien ilícitamente exportado) podrá accionar en dicho caso.
La Convención de 1970 constituyó el primer intento serio a nivel internacional de encontrar una solución al problema, pero la obligación de los Estados parte de asegurar la restitución de los bienes culturales ilícitamente exportados a los países de origen se encontraba fuertemente limitada por el artículo 7. El Convenio de UNIDROIT superaría esta limitación al exigir la restitución de los bienes culturales a sus países de origen en muchos más casos.
Como parecía prácticamente imposible determinar las restricciones a la exportación que serían reconocidas y aplicadas, los redactores del Convenio optaron finalmente por una serie de intereses que todos los Estados estimaban necesario proteger (párrafo 3 del artículo 5). El Convenio no reconoce restricciones nacionales a la exportación fundadas en consideraciones políticas o económicas, y exige que exista el riesgo calificado de ocasionar un daño importante a intereses, sobre todo culturales, pero también científicos o históricos. Cabe, no obstante, aclarar que dicha lista de intereses no es exhaustiva ya que cada Estado adherente conserva la facultad de aplicar reglas más favorables a la restitución de los bienes culturales ilícitamente exportados que las previstas en el Convenio (véase artículo 9) y, cuando corresponda, podrá tener en cuenta otros intereses además de los previstos en el artículo 5.
En caso de transmisión por herencia o sucesión de bienes culturales robados o ilícitamente exportados, el beneficiario estará sometido a las mismas obligaciones que el poseedor de buena fe que hubiera adquirido el bien por cesión. Esta cuestión reviste gran importancia particularmente en la práctica de los museos ya que a menudo sucede que particulares donan o legan a dichas instituciones u otras similares, bienes de proveniencia dudosa.
Es importante señalar además que el Convenio protege a otro tipo de bienes culturales, los bienes arqueológicos descubiertos en excavaciones, que no están comprendidos en la Convención de 1970, salvo en base a la interpretación que hacen ciertos Estados del artículo 9. El Convenio de UNIDROIT prevé, por su parte, la posibilidad de iniciar una acción en base a las disposiciones relativas al robo o a la exportación ilícita: asimila tal bien a un bien robado “si ello es compatible con el derecho del Estado donde se ha efectuado la excavación” (párrafo 2 del artículo 3) y contiene además los incisos a), b) y c) del párrafo 3 del artículo 5 que se aplican a los bienes obtenidos en sitios arqueológicos. La elección del procedimiento se hará especialmente en función de la dificultad de la prueba que haya que aportar (ya sea que el bien haya sido obtenido en una excavación o haya sido ilícitamente exportado).
Otras reglas del Convenio muestran bien cómo el compromiso alcanzado toma en cuenta las diferentes legítimas preocupaciones. Se trata, por un lado, de la necesidad de los actores del mercado de proporcionar una protección jurídica a las colecciones públicas y privadas. Dicha necesidad se ve satisfecha con la exigencia del pago de una indemnización cuando correspondiese o también por la claridad que presenta la cláusula de no retroactividad (artículo 10). En efecto, los redactores del Convenio llegaron a una solución que plantea el principio general (párrafo 1 y 2) según el cual se aplicará el Convenio sólo a los bienes culturales robados después de la entrada en vigor del Convenio en el Estado en el que se presenta la demanda, y a los bienes exportados ilícitamente después de la entrada en vigor del Convenio tanto en el Estado demandante como en el Estado donde se presenta la demanda. No obstante, el párrafo 3 estipula que el Convenio “no legitima en modo alguno una actividad ilícita (…) que se llevara a cabo antes de la entrada en vigor del presente Convenio” y no excluye ninguna acción que haya sido iniciada fuera del marco del Convenio.
Dicha necesidad de protección jurídica se ve satisfecha igualmente con la aplicación de una prescripción relativamente corta. El plazo de prescripción es de tres años a partir del momento en el que el demandante entra en conocimiento del lugar donde se encuentra el bien y de la identidad del poseedor (solución aplicable incluso a las colecciones públicas y símiles que podrán ser imprescriptibles).
Por otro lado, el texto toma en consideración los intereses materiales y morales de los Estados “exportadores” y, en general, de las colecciones públicas (el párrafo 7 del artículo 3 da una definición autónoma a los fines del Convenio), de las instituciones religiosas y culturales, de la protección del patrimonio arqueológico y monumental a través de la creación de un bloque de bienes culturales sometidos a una prescripción particularmente larga (75 años) o incluso a la imprescriptibilidad. El mismo régimen de excepción se extiende a los bienes sagrados o que revisten una importancia colectiva para las comunidades autóctonas. Se trata aquí de la marca de un diálogo más equilibrado entre las diferentes culturas.
Para concluir, la disposición según la cual “se hará todo lo razonablemente posible” (párrafo 2 del artículo 4) para imponer el pago de la indemnización a los responsables del tráfico ilícito y no a los propietarios o a los Estados demandantes, también toma en consideración los intereses de los Estados exportadores.
El texto del Convenio de UNIDROIT es el resultado de un compromiso, y como todo compromiso, no satisface plenamente las preocupaciones de todos. Pero un análisis minucioso del Convenio muestra que ninguna de las partes involucradas en el Convenio podrá verse injustamente perjudicada. Este Convenio traduce el gran empeño puesto por juristas para combinar justicia y realismo e intentar, tanto como sea posible, establecer una base para los años venideros. La realidad demuestra sin embargo que una cosa es aprobar un Convenio internacional, y otra es garantizar su aplicación efectiva. Restará ahora responder a las inquietudes legítimas de algunos. Pero mucho habremos de lamentar si este esfuerzo no es comprendido por aquellos que se interesan en el patrimonio o tienen en sus manos la responsabilidad de conservar y proteger los bienes culturales.
Professor Iacopo Donati is the UNIDROIT/Bank of Italy Chair Holder and is mainly responsible for assisting in the Bank Insolvency project. He is Professor of Corporate and Insolvency Law at the University of Siena, and coordinates the research project ‘Pro.Re.Ba.’ (Proportionating rules on bank crisis prevention and management to the case of retail banks), which has received funding from the Italian Ministry of University. He has previously taught corporate law at the University of Venice ‘Ca’ Foscari’, at the University of Florence and at the University of Rome ‘Tor Vergata’.
Professor Donati is the author of several publications on corporate law, restructuring, insolvency law, and bank crisis management. On the same topics, he has been invited as a speaker to various international and national conferences and participated in some high-impact international, European, and national research projects. Professor Donati’s education includes a Ph.D. in Corporate Law (University of Rome ‘La Sapienza’), an LLM in Corporate Governance (Stanford Law School), and a Law Degree with honors (University of Florence). He is qualified as an attorney in Italy and in the State of New York (USA).
Ms Olga Fonotova is an Associate Professor of the Faculty of Law (Department of Legal Regulation of Business) at the Russian National Research University “Higher School of Economics” in Moscow. She holds a PhD degree cum laude in private law / private international law from the Lomonosov Moscow State University (2006). Her academic and teaching interests cover private international law, international and national commercial law, with a focus on unified and non-state legal regulation of cross-border commerce.
Olga is a Russian law qualified practicing lawyer in the sphere of national and international commercial and corporate law with 20+ years’ experience in leading law firms. As part of her legal practice, she has advised multinational corporations on the setting up of multi-jurisdictional commercial relations, on the formation / termination of international joint ventures, restructuring of assets, and financing / refinancing of projects. For her work on commercial and corporate legal matters she was included in the international rating of leading lawyers “The Best Lawyers® in Russia” (2018 – 2022).
She is a UNIDROIT alumna (2011) and a Correspondent of UNIDROIT in Russia (2023 – 2025). From 2016 to 2021 Olga was a member of the ICC Commission on Commercial Law and Practice (ICC CLP) and a member of the Association of European Business (AEB) in Moscow.
Allan M. Mukuki, PhD Candidate (Navarra, Spain), LLM (Groningen, Netherlands), PGDip (KSL), LLB (Hons) (UoN), ACIArb (London), Advocate of the High Court of Kenya.
Allan Mukuki is an Advocate of the High Court of Kenya as well as a Commissioner for Oaths. He is presently a PhD Candidate at the University of Navarra in Spain. He is also a holder of an LL.M in International Law and the Law of International Organizations, from the University of Groningen in the Netherlands. He has an LL. B (Hons) from the University of Nairobi, he is a Member of the Cha
rtered Institute of Arbitrators (London). He further holds a post-graduate diploma in law from the Kenya School of Law. Allan is also a scholar from the Hague Academy of International Law.
Some of his many roles in the legal profession include Director of International Partnerships; a Doctoral Fellow; member of the Management Committee and moot court coordinator, all for Strathmore Law School; Research Fellow for the African Region (Kenya), for the European Research Council Grant Project on the interpretation of customary international law; and Acting Director for the Strathmore Institute of Advanced Studies in International Criminal Justice (SIASIC)
Allan has previously worked at A.F Gross Advocate; in various legal institutes; in governmental agencies and in the Judiciary of Kenya. He was also a Legal researcher in the Office of the Solicitor General, Kenya, for the Maritime Delimitation in the Indian Ocean (Somalia v. Kenya), a case that was before the International Court of Justice. His main areas of specialization include Public International Law, The Law of International Organizations, International Humanitarian Law, International and Regional (EAC) Refugee Law and Legal Policy Development.
Further, Allan has been involved in various national and international legal consultancies and projects; he has published several peer reviewed legal articles, a legal monograph and presented several legal papers in international conferences around the world. He has also developed several policy documents for Strathmore University as well as (currently operational) manuals and laws for the operation of the Judiciary as well as governmental agencies and regional agencies such as IGAD.
ANDREA SANTACOLOMA
Director
PROFESSIONAL PRACTICE
Andrea Santacoloma is a Panamanian lawyer that focuses her practice on international commercial arbitration.
Prior to joining Adell & Merizalde, Andrea was the Deputy Director for Latin America of the ICC International Court of Arbitration for 5 years. In this role, she gained vast experience in the internal functioning of the ICC’s Secretariat and Court and saw first-hand the work of hundreds of arbitrators and ICC Court Members in the region. Andrea was also in charge of identifying new opportunities and potential users of the ICC Dispute Resolution Services (ICC DRS) in Latin America, in liaison with the ICC National Committees and other institutions in the region. She also worked as a lawyer advising local and international clients on business and corporate law and M&A in 3 Panamanian law firms.
She is currently the Executive Director of the Latin American Arbitration Association (ALARB), one of Latin America’s leading associations gathering practitioners and arbitrators, which seeks to encourage the use of arbitration and foster initiatives for the development of international arbitration in the region.
In July 2022, the G
overning Council of the International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT) appointed Andrea as a Correspondent for Latin America. Namely, Andrea was appointed as a Correspondent for the Republic of Panama for the period 2022-2025.
EDUCATION
• American University Washington College of Law, LL.M. in International Arbitration and Business Law
• International Training Centre of the International Labor Organization (ILO) jointly with the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), Università degli Studi di Torino, and University Institute of European Studies (IUSE), LL.M. in International Trade Law & Dispute Resolution
• Universidad Católica Santa María La Antigua, LL.M. in Corporate Law
• Universidad Católica Santa María La Antigua, Degree in Law and Political Science
• Centro de Estudios Regionales de Panamá, Diploma in Entrepreneurship and Management of Small and Medium Enterprises
Bar admissions
Republic of Panama
Languages
Spanish, English, Italian (intermediate)
asantacoloma@adellmerizalde.com
+507 370 4155
NAME: PROF. DR. HERNANY VEYTIA (LL.M. YALE)
AFFILIATION DIRECTOR BNM-CAMBRIDGE STUDY CENTRE ON SUSTAINABLE INVESTMENTS
PRESENTATION
Professor of law, international strategic consultant, arbitrator, and entrepreneur. Hernany Veytia is very comfortable with complex, high-profile and confidential transactions. Her consulting experience as partner of BNM and Deloitte enables her to focus on and add value to the sustainable and commercial aspects of each deal. Frequently she leads transdisciplinary teams to deliver fact findings and legal opinions, feasibility studies and turn-key projects for banks, governments, international organisations, and corporations willing to expand or withdraw operations in other jurisdictions.
In Prof Veytia’s experience UNIDROIT works have been very useful to understand not only the foreign law, but also to recognise the cultural, political, and economic factors at play, and the way national and international regulators operate-and cooperate. In her opinion, UNIDROIT instruments have been of utmost importance for the legal strategies she designed for:
• DANPREIT (Dispute Analytics Platform for Real Estate Investment Trusts in the Agriculture, Construction and Mining industries).
• TELEKAIROS, innovative methodology that incorporates the use of space assets.
• Corporate art collections, restitutions, including donations, sponsorships, and loans to museums.
• Contracts used by a German waterworks company willing to grow in all the Caribbean and Central American countries.
• Liquidation of commercial and investment banks
• IPOs and reverse mergers for companies in the extraction industries (Canadian stock exchange), ILS listed in Bermuda and African sovereign funds listed in London.
• Franchising and other commercial contracts in the food & drinks, health, aero-space, and automotive industries.
In the last three decades Prof. Veytia has lived, and successfully completed investments and disinvestments in more than forty countries in the five Continents. She is frequently appointed as arbitrator and invited as speaker on risk transfers at international industry conferences in fields of her expertise: energy (both renewable and traditional), artificial intelligence, infrastructure, mining, real estate, agriculture, rail, space, automotive, and franchising. She sits in the board of directors of companies in Europe including the United Kingdom.
Anna Veneziano is the Deputy Secretary General of the International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT). She is a Professor of Comparative Law at the University of Teramo, Italy, where she was formerly the Director of the Department of Private Law. She has also formerly been a tenured Professor of European Property Law at the University of Amsterdam (UvA). Her education includes a Law Degree with honours from the University of Rome La Sapienza, an LL.M degree from the Yale Law School funded by a Fulbright scholarship, and a PhD degree from the University of Florence (Italy).
Her main research and publication areas are on secured transactions as well as international, comparative, and European contract and sales law. Before joining UNIDROIT she was a member of the Italian delegation with respect to the Cape Town Convention on International Interests on Mobile Equipment and its Aircraft Protocol as well as its Space Protocol. She was also a member of the Study Group on a European Civil Code and of the Compilation and Redaction Group on a Draft Common Frame of Reference on European Private Law (DCFR), and of the restricted Expert Group set up by the European Commission on a common European law on sales.
P
rofessor Ignacio Tirado was appointed Secretary-General by the Governing Council at its 97th session, and officially took office on 27 August 2018. A national of Spain, Professor Tirado (Commercial, Corporate and Insolvency Law, Universidad Autónoma of Madrid, Spain) holds a PhD from the Universities of Bologna and Autónoma de Madrid and an LLM from the University of London. Professor Tirado has been a Senior Legal Consultant at the World Bank’s Legal Vice-Presidency and Financial Sector Practice for more than nine years, having also consulted for the IMF on insolvency related matters as well as for the Asian Development Bank on commercial legal reform.
Amongst other accolades to his professional experience, Professor Tirado is a founding member of the European Banking Institute, an International Fellow of the American College of Bankruptcy and has been Director and Academic Co-Chair of the International Insolvency Institute.
A Swedish national, Ms Lena Peters grew up in Italy where she attended an English school. In 1978 she took her Juris Kandidatexamen at Stockholm University followed by a Master of Laws from King’s College, London (1979). Since 1985 she has been with UNIDROIT, first as Research Officer, lastly as Principal Legal Officer, her main duties being Secretary to the Working Group for the Preparation of Principles of International Commercial Contracts, Secretary to the Study Group on Franchising, Secretary to the Committee of Governmental Experts on Franchising.She also collaborated on the project for the preparation of the ELI-Unidroit Model European Rules of Civil Procedure. She is currently Managing Editor of the Uniform Law Review and responsible for publications at UNIDROIT.
Marina Schneider is Principal Legal Officer and Treaty Depositary at UNIDROIT. She studied law at the University of Strasbourg (France) and Paris I – Panthéon Sorbonne. She joined the UNIDROIT in 1987 and was involved in the elaboration and French versions of most UNIDROIT instruments since. She is in charge of the 1995 UNIDROIT Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects and of the UNESCO-UNIDROIT Model Provisions on State Ownership of Undiscovered Cultural Objects. She is the author of the Explanatory Report of the 1995 Convention and many articles on the Convention and other international instruments in the field. Ms Schneider is also responsible for the project on private collections and for the UNIDROIT Convention Academic Project (UCAP). She is member of the Board of the International Society for Research on Art and Cultural Heritage Law (ISCHAL).
Professor of Commercial Law, Carlos III University of Madrid. Currently, Sir Roy Goode Scholar at UNIDROIT, Rome, 2021-2022. Chair of Excellence 2017-2018 at University of Oxford (Uc3m- Santander Program), affiliated to Harris Manchester College. Previously Distinguished Visiting Professor and fellow of a number of Academic Institutions. Arbitrator of Madrid Court of Arbitration. Member of ELI (European Law Institute) Council and Executive Committee. Member of the Expert Group of the European Commission on Liability and New Technologies and member of the Expert Group of the European Observatory of Platform Economy; the International Academy of Commercial and Consumer Law; the expert group of the Inclusive Global Legal Innovation Platform for Online Dispute Resolution – UNCITRAL and Hong Kong Department of Justice. Expert of the UNIDROIT Study Group on the MAC Protocol of the Cape Town Convention on International Interests. Delegate of Spain to UNIDROIT for the adoption of the Protocol, delegate of Spain in Working Group VI of UNCITRAL on secured transactions and in Working Group IV on Electronic Commerce. Member of UNIDROIT Working Groups on Enforcement and Warehouse Receipts.
William Brydie-Watson is an Australian lawyer who specialises in secured transactions law and private international law. Before joining UNIDROIT, William was a government lawyer in the Private International Law and International Arbitration section of the Australian Attorney-General’s Department, where he worked primarily on treaty negotiation and the implementation of private international law treaties in Australia. At UNIDROIT, he is primarily responsible for the implementation of the Mining, Agriculture and Construction (MAC Protocol) to the 2001 Cape Town Convention on International Interests in Mobile Equipment and the development of a Model Law on Factoring. William also serves as UNIDROIT’s liaison with the Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) forum and as manager of the Institute’s Scholarship and Internship Programme. Admitted to practice in New South Wales and the High Court of Australia, he has a Bachelor of Arts (honours), a Bachelor of Laws and a Master of Laws from the Australian National University. William also lectures on International Secured Transactions Law at the Eotvos Lorand Faculty of Law in Budapest.
